Eventualmente alguien tenía que reconocer que el campo mexicano no da para más, que las comunidades rurales no tienen gran perspectiva de desarrollo y que décadas de políticas ineficientes que favorecieron la migración de los campesinos a Estados Unidos hoy muestran sus peores consecuencias ante el eventual estrechamiento de la frontera y la llamada Ley Arizona.

El que lo reconoció fue el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) , Francisco Javier Mayorga, quien en declaraciones al periódico El Universal lo reconoció sin ambages: “el campo mexicano no está preparado para un eventual retorno de connacionales”.

Y además, descubrió el hilo negro al decir que fue el propio campo el que los expulsó. Y añadió: “Habrá que buscar empleos en otras actividades, porque el sector agrícola no genera gran cantidad de empleos”.

Uno de los principales argumentos del Gobierno Federal mexicano, en consecuencia con organismos no gubernamentales, organizaciones civiles, grupos académicos y otros que se ha postulado en contra de la llamada Ley Arizona en México y en Estados Unidos, es que dicha iniciativa es discriminatoria.

Lo que no dice el Gobierno Federal es que las políticas de desarrollo del campo, del agro mexicano, han sido, en muchos sentidos, también discriminatorias, desde el momento en que se le consideró de menor prioridad y como simplemente un terreno para la cosecha de votos a través de dádivas y programas populistas de corto plazo e ineficientes para generar un desarrollo real.

Además de soslayar la seguridad alimentaria del presente y el futuro, el campo mexicano fue tratado como si no importase, priorizándose el desarrollo urbano y su impulso mayor en los últimos 20 años del siglo pasado, lo que propició también una alta migración del campo a la ciudad, ya no se diga al vecino país del norte, cuando la urbe no ofrecía tampoco la suficiencia económica de miles de familias campesinas.

Al cierre de este año se espera que la población de mexicanos en Estados Unidos llegue a los 13 millones, de los cuales poco más de siete millones serán indocumentados, su propia condición hace difícil establecer una cifra exacta, la mayoría de éstos, campesinos desesperanzados que dejaron su tierra improductiva y marchita para buscar una fuente de ingresos en esa nación.

Los datos hablan por sí solos, unos 360 mil mexicanos emigrarán este año con todo y las trabas en la frontera. Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se estima que emigraron unos 400 mil mexicanos por año. Algunos volvieron, otros se quedaron, unos más perecieron en el intento.

A final de cuentas, la migración de mexicanos a EEUU ha sido casi una estrategia. Para el Gobierno Federal ha significado una manera de dejar que el sector rural se “atienda solo”, que encuentre una forma de ingresos que lo haga menos dependiente del Gobierno. De hecho así fue, y además se convirtió en una de las primeras fuentes de ingresos del país, vía las remesas.

Hoy que las fronteras se estrechan, que una Ley amenaza con generar cientos de deportaciones más, que otros estados del vecino país del norte están pensando y analizando crear sus propias leyes similares, las autoridades miran con preocupación lo que podría ocurrir. Fueron años de abandono, luego años de dejarlos ir para aprovechar lo que conseguían. Ahora que podrían volver, nadie sabe qué hacer con ellos.